La Ley Mordaza es una ley española que se aprobó en 2015 y que ha generado controversia y críticas por establecer restricciones en la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
Entre las medidas que incluye la Ley Mordaza se encuentran las sanciones económicas para quienes participen en manifestaciones no autorizadas, la restricción del derecho a la protesta pacífica en lugares públicos, la prohibición de la difusión de imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y la ampliación de las facultades de las autoridades para el uso de la fuerza.
Desde su aprobación, la Ley Mordaza ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos y colectivos ciudadanos, quienes la consideran una restricción a la libertad de expresión y una herramienta para limitar el derecho a la protesta pacífica.
Además, algunos sectores argumentan que la Ley Mordaza atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas, al limitar la capacidad de la ciudadanía para documentar y denunciar posibles abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
En respuesta a las críticas, el gobierno español ha planteado la posibilidad de modificar algunos aspectos de la Ley Mordaza, aunque hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna modificación significativa.
En conclusión, la Ley Mordaza es una normativa que ha generado controversia en España debido a su impacto en la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. A pesar de las críticas, la ley sigue vigente y ha sido objeto de debate en el ámbito político y social.